El 20 de noviembre de 1975, a las 4:00 de la madrugada, el jefe del equipo médico que atendía a Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), dictador de España, informó a los miembros del gobierno presidido por Carlos Arias Navarro sobre su fallecimiento.

Tal como estaba estipulado, se procedió a la activación de la “Operación Lucero”, que inició los trámites para las exequias de Francisco Franco y la investidura del Príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón (Roma, 1938) como nuevo Jefe de Estado, «a título de Rey», en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Sucesión de 1969.

La decisión de Francisco Franco de nombrar a su sucesor, Juan Carlos de Borbón y Borbón (Roma, 1938), representó un momento crucial en la historia de la monarquía española y la familia Borbón-Anjou (rama Borbón-Barcelona). En ese entonces, Juan de Borbón y Battenberg (1913-1993), conocido como Juan III entre los legitimistas, ostentaba el título de “rey en el exilio, Jefe de la Casa de Borbón-Anjou, Conde de Barcelona” teniendo su residencia permanente en Estoril (Portugal)

Franco no tenía legitimidad para intervenir en la sucesión de la Corona española, ya que ésta estaba regulada por las normas sucesorias de la Casa Real. Sin embargo, sí podía influir en la sucesión de la Jefatura del Estado conforme a la legalidad impuesta por la dictadura. Por eso, en la ley de 1969 y durante la investidura de Juan Carlos de Borbón y Borbón, se utilizó la expresión “A título de Rey”.

Franco, de manera unilateral, optó por alterar el orden sucesorio, dado que en ese momento el “Título de rey” lo ostentaba Juan de Borbón y Battenberg desde 1941. Para los legitimistas, Juan Carlos de Borbón era únicamente el príncipe de Asturias, Gerona y Viana, títulos tradicionalmente vinculados al heredero al trono.

Este cambio generacional y dinástico se debió principalmente a la preferencia de Juan de Borbón y Battenberg por un modelo democrático y su interés en encabezar la restauración monárquica. Por otro lado, Juan Carlos de Borbón y Borbón mostró una posición más ambigua, dividida entre la lealtad a su padre y a la casa de Borbón, aunque frecuentemente manifestó apertura hacia el régimen dictatorial y expresó respeto y deferencia hacia Franco en público.  Franco quiso que Juan Carlos le sucediese por considerar que le era leal a él y al régimen, simbolizaba el continuismo de la dictadura tras la muerte de Franco.

En relación con este asunto, existe una amplia producción bibliográfica, aunque son escasas las investigaciones que permitan esclarecer el periodo de transición comprendido entre la muerte del dictador y la investidura de Juan Carlos I. Se observa que tanto Juan III, como Juan Carlos I han mantenido posturas divergentes respecto a la interpretación de los acontecimientos.

Cabe señalar que gran parte de la biografía oficial de Franco fue elaborada por él mismo y por el aparato de propaganda del Régimen, lo que dificulta aún más el estudio de este periodo, especialmente considerando que gran parte de la documentación relevante continúa clasificada, haciendo que el análisis histórico resulte especialmente complejo.

A partir de 1969, el deterioro de la salud de Francisco Franco tuvo un impacto significativo en su desempeño tanto público como privado. Ante esta situación, el príncipe Juan Carlos de Borbón empezó a realizar apariciones públicas por solicitud de Franco, especialmente en momentos en que éste se encontraba fatigado o prefería evitar intervenir entre los líderes políticos del Régimen, quienes, lejos de mantener una postura unificada, exponían de manera creciente sus discrepancias y rivalidades ante la opinión pública.

Por otro lado, se produjo una pugna interna por el poder dentro del Régimen, mientras que, desde el exterior, la oposición antifranquista se organizaba con el objetivo de asumir el gobierno tras el fallecimiento de Franco.

En el ámbito de la lucha por la legitimidad monárquica desde 1969 entre los aspirantes al trono español, Juan de Borbón se encontraba sólidamente posicionado como Jefe de la Casa Real de Borbón. Sin embargo, surgieron reclamaciones por parte de ramas cadetes, específicamente Borbón-Dos Sicilias (Duque de Cádiz) y Borbón-Parma (Don Jaime), quienes disputaron a Juan de Borbón sus derechos sobre la corona de España.

Las relaciones entre Juan de Borbón y su hijo Juan Carlos de Borbón fueron leales, pero tormentosas. Franco se aprovechó en los medios de comunicación, de las discusiones paternofiliales para entrometerse, tomando partido por el joven Juan Carlos de Borbón, motivo por el cual se decantó por él finalmente, descartándose las otras dos ramas.

La relación entre Juan Carlos de Borbón y Francisco Franco fue muy estrecha, llegando a establecerse un vínculo personal que, a pesar de la diferencia de edad, favoreció la continuidad del régimen durante el periodo en que Juan Carlos de Borbón ostentó el poder absoluto (1975-1977). Sin embargo, esta conexión ha sido objeto de debate en torno a la legitimidad dinástica y política durante todo el reinado constitucional de Juan Carlos I (1978-2014) y en la actualidad aun sigue cuestionándose, pese a que el hoy rey emérito Juan Carlos de Borbón no ocupa la jefatura del estado, ni ostenta tampoco la jefatura de la Casa Real de Borbón.

Se podría decir que esa relación personal y la forma como accedió al poder en España es el “pecado original” que ha manchado desde entonces la reputación de la casa real.  

Su sucesor, Felipe de Borbón y Grecia (Madrid, 1968), bajo el nombre de “Felipe VI”, accedió al trono mediante un proceso conforme a los procedimientos democráticos establecidos por la Constitución de 1978 y proclamado solemnemente como Jefe de Estado en el Congreso de los Diputados en junio de 2014. Su proclamación tuvo lugar tras la abdicación de Juan Carlos I, motivada por diversas controversias relacionadas con su vida privada y cuestiones fiscales poco o nada ejemplares.

Además de asumir la responsabilidad por los antecedentes familiares, el Rey Felipe VI ha enfrentado diversos retos durante sus once años de reinado. Entre ellos destaca el Caso Noos, que impactó las relaciones dentro de la Familia Real y llevó, por primera vez, a una Infanta de España, Cristina de Borbón y Grecia, a comparecer ante la justicia.

Asimismo, el monarca actual no ha podido o no ha sabido gestionar situaciones personales y familiares relacionadas con su esposa, hijas, madre, padre, tía, hermanas y la descendencia de estas, las cuales han sido ampliamente difundidas en medios de comunicación y redes sociales. La exposición de aspectos privados de la familia real ha puesto de manifiesto desafíos en la gestión comunicativa de la Casa de S. M. El Rey que, sin duda están dañando la imagen y la reputación de la casa real española, como nunca antes se había producido.

  Además de las cuestiones personales y familiares, el rey Felipe VI ha tenido que luchar contra la polarización política que amenaza, de nuevo, con desgarrar el tejido político y social de España en dos bandos enfrentados, pese a que en términos macroeconómicos el país está en su mejor momento. La aparición de la ultraderecha y de extremarse los discursos por la izquierda están generando una opinión pública hostil tanto al país, como a la corona.  

La monarquía atraviesa actualmente una etapa de cuestionamiento, impulsada en gran medida por la falta de control del rey emérito Juan Carlos de Borbón, cuya imagen se ha desgastado tanto física como públicamente. Además, los discursos favorables a la proclamación de una tercera república son cada vez más frecuentes y firmes. Esto genera una considerable inquietud dentro de la Casa Real.  

Cincuenta años después del fallecimiento del dictador, la sombra del fascismo y de la intolerancia aun sigue en activo. Murió el dictador y se liquidó el régimen político, pero las ideologías que sustentaron la dictadura aún permanecen y va cobrando adeptos entre el público más joven, al cual se le ha presentado la dictadura como si fuera una democracia y al cual se le ha ocultado deliberadamente los pasajes más oscuros, brutales y criminales de la dictadura.

Las recientes memorias de Juan Carlos I solo han echado mas leña a las brasas previas causando un gran incendio que no solo afecta a la estabilidad política y social, polarización, sino también en el seno de la Casa Real y por tanto afectando al normal desenvolvimiento de la Jefatura del Estado.  

Según una teoría jurídica, los descendientes no deben ser considerados responsables por las acciones de sus progenitores, y, en consecuencia, no deberían asumir las correspondientes culpas o consecuencias. En ese sentido la asignación de culpas a Felipe VI por los errores de su padre, no debería producirse en términos de justicia. 

En este clima de tensión política y social, la monarquía española se enfrenta a la compleja tarea de redefinir su papel en una sociedad que exige transparencia y ejemplaridad.

El reto para Felipe VI no solo consiste en recuperar la confianza de los ciudadanos, sino también en adaptarse a los cambios sociales y mantener la estabilidad institucional frente a las constantes presiones internas y externas. La capacidad del actual monarca para responder a estas demandas será determinante para el futuro de la institución en España.

Respecto a quienes todavía defienden la antigua demanda de convocar un referéndum de autodeterminación en España para que la ciudadanía decida libremente entre una monarquía parlamentaria o una república, vale recordar que hace cincuenta años esta propuesta tenía sentido, ya que estábamos saliendo de una dictadura y depositando nuestras esperanzas en la democracia.

La iniciativa no se llevó a cabo debido a que durante el período de 1975 a 1977 la dictadura seguía vigente, el control militar sobre el régimen permanecía, y persistía el activismo asociado al franquismo en España. En ese clima de inestabilidad con exiliados regresando a España el referéndum lejos de calmar los ánimos hubiera generado situaciones inesperadas desde un golpe de estado hasta una revolución o incluso una nueva guerra civil. 

La sensatez predominó tanto entre la clase política como en la ciudadanía española, que, a través de sus organizaciones representativas de la sociedad civil, expresó claramente su preferencia por avanzar en el proceso democrático y eliminar la dictadura de manera no confrontativa. Partidos de izquierda partidarios de la república, como el Partido Comunista de España (PCE), promovieron el referéndum, mientras que otras formaciones de izquierda republicana y sectores liberales moderados de derecha, como Alianza Popular (Manuel Fraga) y la UCD (Adolfo Suárez), manifestaron reservas al considerar que el referéndum podía generar divisiones que obstaculizarían la transición democrática. Por ello, optaron por aplazar la convocatoria del referéndum hasta que el sistema democrático estuviese más consolidado. Finalmente, el PCE, con reticencias, aceptó plegarse a la mayoría que pedía no entrar en un nuevo ciclo de enfrentamientos.

              Desde 1975, el PCE mantuvo la exigencia de un referéndum hasta 1992, año en que se integró en Izquierda Unida (IU), una coalición bajo el liderazgo de Julio Anguita. A partir de ese momento, esta reivindicación fue perdiendo relevancia, en parte gracias a las capacidades de negociación y diálogo de Anguita ante diversas posiciones políticas. Durante esos años, la democracia avanzaba y la monarquía evidenció su compromiso con el sistema democrático durante el intento de golpe de Estado del 23-F. El contexto social fue evolucionando: nuevas generaciones se incorporaron gradualmente y la ciudadanía se fue adaptando al nuevo régimen democrático.

              Con motivo de la abdicación en 2004 de Juan Carlos I y de todas las irregularidades en torno al monarca antes, durante y después de la misma, desde Izquierda Unida se desempolvó el proyecto de referéndum, proyecto que hizo suyo “Unidas Podemos” (UP-IU), la plataforma en la que estaba desde 2011 Izquierda Unida, y continuó después en las formaciones resultantes de la implosión de UP: “Sumar y Podemos”, hasta el día de hoy. 

Actualmente, muchas personas consideran válido el proyecto de referéndum impulsado por IU y respaldado tanto por otras fuerzas de izquierda como por todos los partidos nacionalistas periféricos, incluso aquellos de derechas. Sin embargo, tanto el PP como el PSOE han mostrado reticencias a promover esta iniciativa, en parte debido a acuerdos establecidos durante la transición hace aproximadamente cincuenta años, cuando ambos partidos apostaron por preservar el estatus quo definido en ese momento. Dicho de otro modo, se ha optado por aplazar la convocatoria argumentando que debe esperarse “hasta que la democracia esté más consolidada”.

A pesar de ello, existen numerosas opiniones dentro del PSOE y del PP que consideran oportuno iniciar una decisión sobre la forma de estado en España. Esto implicaría abrir un proceso para modificar la Constitución o reemplazarla por una nueva. En el ambiente polarizado actual, este tema complejo es precisamente lo que está frenando el avance de la campaña contra la monarquía, centrada, por oportunismo político, principalmente en el «pecado original» de Juan Carlos como argumento principal.

Muchos hoy se preguntan si la princesa heredera, Leonor de Borbón y Ortiz (Madrid, 2005) llegará algún día a ser proclamada Jefa de Estado y si para entonces la monarquía aun continuará existiendo en España como forma de Estado. En todo caso sí tendrá derecho a ostentar el título de “Reina de España”, como primogénita del actual titular, Felipe VI.   

(Créditos a quienes correspondan)