22 / 11/ 1975 – Conmemoración de la jura en el Congreso de los Diputados del príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón como nuevo Jefe de Estado de España.

La Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, promulgada en 1969 por el dictador Francisco Franco Bahamonde, ya contemplaba este acto. Tras numerosos debates históricos, el dictador finalmente eligió a la Casa de Borbón-Anjou, dejando de lado las ramas cadetes de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma.

En aquel momento, Juan Carlos de Borbón y Borbón, el candidato elegido por Franco ostentaba los títulos de Príncipe de Asturias, Gerona y Viana, siendo el heredero de la corona. Su padre, desde 1941, había llevado el título de Rey de España en el exilio. Franco decidió alterar el orden sucesorio para garantizar que su régimen dictatorial continuara bajo alguien en quien pudiera confiar. Por su parte, Juan de Borbón y Battenberg, en sus últimos años, se inclinó por la democracia y por abrir un proceso constituyente en España. No estaba dispuesto a perpetuar la dictadura ni a apoyar a un dictador que había dado la espalda tanto a él como a su propio padre, el fallecido rey Alfonso XIII.  

En 1975, Juan Carlos de Borbón y Borbón se hallaba en una situación sumamente arriesgada y peligrosa. No podía traicionar ni a su padre ni a la Casa Real, pero tampoco podía mostrar deslealtad hacia Franco y el régimen dictatorial. En ese momento, los militares todavía controlaban España. Un solo paso en falso por parte de Juan Carlos podría haberle costado la vida y poner fin a una operación encubierta para recuperar el trono de España.

En este contexto, se observa una interacción entre elementos imaginativos y hechos comprobados en los análisis históricos realizados hasta el momento. El propio Juan Carlos de Borbón, actualmente rey emérito, tampoco ha proporcionado una exposición detallada y precisa en sus memorias recientes sobre los acontecimientos ocurridos entre el 22 de noviembre de 1975 y el 14 de mayo de 1977 en los salones del palacio.

El desconocimiento actual sobre este periodo se debe, en gran medida, a que los archivos estatales aún mantienen clasificada la documentación relativa a la transición. En el presente año se ha procedido a desclasificar toda la información anterior a 1976, dado que han transcurrido cincuenta años desde la emisión de dichos documentos. Es previsible que en los próximos años se obtenga mayor claridad sobre los acontecimientos ocurridos, conforme se vayan desclasificando nuevos documentos y los investigadores e historiadores analicen dicha información.

A partir de la escasa información histórica disponible, el debate académico y público considera dos hipótesis principales:

1/ Que el rey Juan Carlos optó por mantener la continuidad de la dictadura debido a convicciones personales, considerando que el régimen no debía desaparecer, sino ser reformado internamente para afrontar una nueva etapa histórica con la restauración de la monarquía.

2/ Que el rey Juan Carlos aceptó la Jefatura del Estado con el fin de ganar tiempo y preparar una transición interna del régimen, iniciando así un proceso constituyente que permitiera dotar al país de una nueva constitución y abrir el camino hacia la democracia.

Existe una tercera hipótesis, aún poco documentada, que plantea la existencia de una operación encubierta con la participación de actores nacionales (causa legitimista de Don Juan de Borbón, entorno próximo a Juan Carlos) e internacionales (Estados Unidos y Reino Unido), cuyo objetivo habría sido restaurar la monarquía y la democracia desde el exterior, contando con la colaboración de Juan Carlos y su círculo en palacio.

Tras conocerse que Juan Carlos había sido designado para suceder a Franco en 1969, comenzaron diversos movimientos en torno al príncipe. Por un lado, las ramas de Dos Sicilias (el Duque de Cádiz) y Parma (Carlistas Don Jaime) lo reconocieron como líder de la causa monárquica; por otro, aunque Don Juan de Borbón mostró reservas ante el cambio dinástico, finalmente fue persuadido para abdicar en el momento oportuno, dado que Juan Carlos tenía asegurada la Jefatura del Estado y, por tanto, el acceso al poder absoluto bajo la dictadura.

Para la mayoría de la ciudadanía, Juan Carlos siempre fue una figura enigmática. Lo vieron crecer durante la dictadura, siempre y cuando a Franco le interesaba mostrarlo al público, presenciaron por televisión su boda católica, aunque no la civil, ni la ortodoxa por negativa de la jerarquía católica española, con la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca en Atenas, y siguieron el nacimiento de sus hijas Elena y Cristina y su hijo, el único varón, Felipe (actual Felipe VI), destinado, en teoría, a continuar la dinastía. Pero realmente la gente no sabía nada en 1975 de su nuevo jefe de estado, para la oposición antifranquista era toda una incógnita.

De un día para otro, Juan Carlos pasó de ser considerado un títere de un dictador a ocupar el cargo de dictador. Dado que Franco había decidido que España solo podía ser un reino, el régimen se transformó —al menos en teoría y según la propaganda oficial— en una tradicional “monarquía absoluta de derecho divino”, similar a la monarquía del antiguo Imperio de los Austrias españoles (Casa de Habsburgo-Borgoña). Desde la proclamación de Juan Carlos de Borbón y Borbón el 22 de noviembre de 1975, todos los poderes del Estado quedaron bajo su autoridad suprema.

Dentro del régimen hubo opiniones divididas: algunos pensaban que la elección no era adecuada y preferían a un militar con experiencia en África, alineado con el “espíritu del 18 de julio”. Otros opinaban que, si era un deseo de Franco, debía cumplirse sin objeciones. Por último, había quienes creían que la etapa de Franco debía servir para iniciar un proceso constituyente que condujera a un sistema híbrido entre democracia y dictadura, lo que llamaban “franquismo sin Franco”.

En 1976 fuerza la elección de Adolfo Suárez para formar un gobierno en su nombre, Los candidatos favoritos por los franquistas, fueron descartados por el monarca. A Adolfo Suárez le encargó iniciar los trámites para la “Reforma Política del Estado”, o lo que es lo mismo para elaborar el texto de lo que sería la octava y última Ley Fundamental de la Dictadura: la Ley para la Reforma Política del Estado, aprobada en 1976 y ratificada mediante referéndum popular en 1977.

Algunos analistas consideran que esta ley era en realidad un proceso constituyente encubierto y pensado inicialmente para demoler desde dentro todo el entramado de la dictadura.  El contenido de la ley muestra claramente un sistema democrático representativo de tipo liberal similar a otros países. Otros analistas en cambio consideran que es la plasmación de la continuidad de la dictadura, dado que en esa ley no se cuestiona el liderazgo del Jefe del Estado, que, en esencia, sigue siendo un dictador al menos formalmente.

La supresión del Ministerio de la Secretaría General del Movimiento y del Tribunal de Orden Público en 1977 constituyó el hito político e institucional que marcó el fin de la dictadura en España. Ese mismo año se celebraron las primeras elecciones generales libres y democráticas desde 1936, tras legalizarse los partidos políticos y aprobarse una nueva ley electoral. Sin embargo, la ciudadanía española debió esperar un año más para ratificar mediante referéndum, el seis de diciembre de 1978, una nueva constitución, esta vez de carácter democrático. El Rey aceptó la pérdida de su poder ejecutivo, así como de su soberanía absoluta, consolidándose entonces el principio de que “El rey reina, pero no gobierna”.

A partir de 1975, numerosos antiguos partidarios del régimen comenzaron a manifestarse públicamente como demócratas convencidos. El cambio de afiliación por motivos de conveniencia ha sido una constante en la historia de España desde 1808. Diversos jóvenes que fueron formados bajo el franquismo se incorporaron a las filas del PSOE y especialmente del PCE, motivados en muchos casos más por un espíritu de rebeldía que por convicciones políticas profundas. En las elecciones de 1979, la UCD (liderada por Adolfo Suárez) obtuvo la victoria, situándose el PSOE (con Felipe González) como principal partido de la oposición. Ningún partido vinculado al franquismo consiguió representación parlamentaria; la dictadura fue superada socialmente en las urnas por elección y decisión de la ciudadanía.

Actualmente, el rey Juan Carlos enfrenta críticas desde distintos sectores, incluidos algunos miembros de su familia. Si bien existen registros de ciertos errores en su vida privada, la información sobre sus acciones durante su mandato constitucional (1978-2014) es limitada, en parte debido a restricciones impuestas a la prensa por la Casa Real, con el objetivo de preservar la imagen del monarca. Las memorias del actual rey emérito han generado decepción, ya que existía la expectativa de una mayor transparencia respecto a aspectos menos conocidos de su reinado. Sin embargo, parece que el propósito principal es reforzar la imagen de decencia, honorabilidad y ejemplaridad promovida principalmente desde el propio entorno personal del exrey, sin haber participado ni su familia, ni la Casa Real de esta publicación.

La situación actual presenta ciertos matices peculiares. Formalmente, no existe ningún proceso judicial abierto en el que el rey emérito esté implicado, por lo que goza de estatus de ciudadano español libre, con plena capacidad para decidir sobre su vida personal, aun así, vive en el extranjero en teoría por propia voluntad, pero también hay sospechas que por decisión o bien por decisión del actual jefe de estado o bien por decisión del gobierno de España.

Vayamos a los hechos, se trata de una persona mayor, con limitaciones propias de la edad, que rememora episodios relevantes de su trayectoria y reivindica su papel en la denominada “Transición Española”. Por otro lado, su hijo, Felipe VI —actual Jefe de Estado de España y Rey de España— considera que las declaraciones del emérito generan inquietud dentro de la Casa Real, institución que atraviesa un periodo complejo interna y externamente. A nivel social el emérito alimenta la polarización política, aumentan los bulos y la desinformación se expande sin control. Los justicieros ya han hecho su aparición culpando a Felipe VI de los “pecados” de su padre. Algo que, en mi humilde opinión personal, no es justo.

Los hechos indican que Juan Carlos manifestó públicamente su aprecio por el dictador, reconoció que fue este quien lo designó Jefe de Estado y que la proclamación como tal se realizó a través de las Cortes franquistas. Si bien estos elementos son ciertos, también es verificable que España ha desarrollado su sistema democrático durante los últimos cincuenta años.

En este contexto, resulta pertinente cuestionar la idoneidad, desde una perspectiva democrática, de continuar vinculando a la Casa Real y al actual monarca con el periodo franquista, considerando que la mayor parte de su trayectoria personal y de su reinado se ha desarrollado bajo un sistema democrático acreditado como tal. Asimismo, cabe analizar si procede atribuir a la institución monárquica en su conjunto la responsabilidad por los asuntos controvertidos relacionados con don Juan Carlos.  

Hoy celebramos, en cualquier caso, la democracia que comenzó en 1975 de manera inesperada y, reconozco, poco convencional, pero cuyo resultado considero sumamente positivo para toda la ciudadanía. Cincuenta años de democracia han dado mucho de sí, tanto cosas positivas como negativas. Hoy hay personas que quieren avanzar con la democracia y otras que desean regresar al pasado.